El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene contemplado, para el 2022, encarcelar a empresarios que vendan combustibles de procedencia ilícita con penas que van de 6 a 12 años.
Además, el SAT también contempla penas de 3 a 8 años de prisión para las empresas de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos que no cuenten con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, en México existen 171 permisos para terminales de almacenamiento de combustibles automotrices, 34 para almacenar gas LP, 4 mil 104 para expendio de gas y mil 208 para distribuir gas LP.
Ante este panorama, el diario Reforma entrevistó a dos especialistas en la materia que coincidieron que los costos de inversión para el cumplimiento de la nueva disposición del SAT serán canalizados a los precios de los consumidores.
Alejandro Montufar, director de Petrointelligence, dijo al medio que la nueva disposición de la Administración Tributaria ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo producto ilegal, como en la actualidad ocurre en varias parte de México; sin embargo, las empresas involucradas consideran como una excesiva privación de la libertad.
Los especialistas también apuntaron que para las comercializadoras de estos hidrocarburos la medida casi resulta imposible de cumplir, debido a que la mayoría no cuenta con una infraestructura propia para dichos requerimientos, por lo que recurren a transportistas y empresas de almacenamiento.
