El pasado sábado 9 de julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló, a través de un comunicado compartido en redes sociales, que se está gestionando el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por el caso de la mujer que, por un diagnóstico erróneo, le amputaron las piernas y le extirparon el útero y un ovario en un hospital de Querétaro.
La recomendación hecha por la CNDH (118/2022) emitida el 17 de junio, y que fue aceptada el 7 de julio por la institución, concluye, entre otras cosas, con los siguientes puntos:
- Pago de la compensación económica.
- Atención médica y psicológica o psiquiátrica, si es necesaria.
- Dotación de prótesis y de dispositivos que permitan el desplazamiento de la afectada.
- Accesos a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo.
- Becas para sus hijos
En la semana, Vanessa Dip de 31 años, derechohabiente que sufrió los estragos del mal diagnóstico del personal médico de Querétaro, compartió a diferentes medios de comunicación que el IMSS le ofrecía 88 mil pesos como parte de una indemnización económica; sin embargo, expresó que "si esos 88 mil pesos valen sus piernas, porque con gusto yo se las pagó para que regresen las mías".
Por su parte, el IMSS informó en el comunicado que la supuesta compensación económica prevista en la reparación integral del daño es independiente del monto que en su momento se determinó a través de la queja administrativa.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con base en el estándar integral establecido en la Ley General de Víctimas, es la autoridad facultada para determinar el monto económico de dicha medida de reparación –que incluye daño material y moral–, que el Instituto, en su momento, pagará a la señora Vanessa Dib”, compartió el organismo de salud mexicano.
Asimismo, la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del H. Consejo Técnico del IMSS, dijo haber investigado los. Además, se prometen medidas preventivas, correctivas y disciplinarias para que no ocurran de nuevo este tipo de acontecimientos. "Se investigarán a fondo las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrado en los hechos".
Por último, el instituto mexicano a cargo de Zoé Robledo, expresó que se compromete a cooperar en las recomendaciones emitidas por la CNDH, al igual que ayudar a que la víctima y su familia puedan retomar, en medida de lo posible, su proyecto de vida.
