Un soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) murió al ser enterrado vivo como parte de un "entrenamiento" de su formación militar, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la dependencia una reparación integral del daño a los familiares del militar.
En un comunicado, la CNDH narró los hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre del 2020, en donde "se realizó un curso de fuerzas especiales en el desierto" de Mexicali, Baja California.
"Cuando los concursantes cubrían los bunkers que anteriormente habían excavado, el servido que fungía como instructor ordenó a la víctima que se introdujera en el búnker número 8, a lo cual obedeció", señala el comunicado DGDDH / 187/2022.
Una vez dentro, detalló la Comisión Nacional, "el instructor ordenó que lo taparan, por lo que arrojaron tierra y lo sepultaron. Posteriormente, se ordenó a otros cuatro elementos que se introdujeran al mismo búnker y también los enterraron, tan es así que un instructor caminó sobre la tierra que los cubría".
Se informó que de acuerdo con los testimonios recopilados, “los responsables del grupo comenzaron a tomar fotografías riéndose de lo que ocurría y que este tipo de prácticas eran recurrentes por parte de ambos, sin que el responsable principal del grupo se percatara de ello, ya que lo hacían cada vez que se alejaba del lugar”.
Auxiliados por compañeros que se encontraban fuera del búnker en ese momento, cuatro de los sepultados lograron salir sin darse cuenta de que otro de sus compañeros estaba al interior, ni en qué momento fue ingresado, pero una de las personas que había estado enterrada se percató de que había perdido su cargador, por lo que, al buscarlo al interior del búnker apareció la víctima, quien yacía inconsciente, por lo que fue trasladada a un hospital a donde llegó sin signos vitales.
CNDH pide reparación del daño
Por estos hechos, la CNDH dijo que "la víctima fue privada de la vida por acciones y omisiones de quienes estaban a cargo del entrenamiento, elementos adscritos a la SEDENA, con lo cual se violentó el derecho a la vida de la víctima y se alteraron los derechos de los integrantes de su familia. Las personas servidoras públicas que se encontraban al mando no procuraron cumplir con el deber reforzado del cuidado para garantizar la integridad de los cursantes".
Además, el organismo aseguró que quedó evidenciada la falta de vigilancia respecto a las prácticas irregulares que entre soldados llevan a cabo como “métodos de castigo”, por lo que solicitó a la Sedena "inscribir a las personas afectadas por estos hechos en el Registro Nacional de Víctimas, y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos, además de que se les otorgue atención médica integral y psicológica permanente".
"De la misma manera, se requiere que la SEDENA colabore ampliamente con el Juzgado Militar encargado del trámite de la Carpeta de Investigación en contra de las personas servidoras públicas responsables de los hechos, considerando que hay datos o indicios que permiten advertir presuntas responsabilidades penales", sentenció el órgano autónomo.
