En pleno Siglo XXI siguen existiendo los matrimonios infantiles a cambio de una compensación económica, esto ocurre sobretodo en las partes más apartadas; un claro ejemplo es el caso de Angélica, una adolescente de 15 años que además de ser vendida y obligada a casarse, sufrió intento de violación por parte de su suegro, por lo que decidió huir pero sin éxito. Autoridades de su comunidad la encarcelaron.
La historia de Angélica está llena de tragedias, primero la vendieron para que se casara con un hombre de la comunidad Dos Ríos, ubicada en el municipio de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero. Los padres del hombre pagaron $105 mil pesos por ella y al final el hombre con el que contrajo nupcias emigró a Estados Unidos por lo que la menor tuvo que quedarse a vivir con sus suegros en donde en cuatro ocasiones sufrió intento de violación por parte del padre de su esposo; por lo que decidió huir.
Luego de huir, Angélica fue detenida junto con su tía de la tercera edad y sus tres hermanas: una de ocho años y las otra dos de seis. Tras la detención, las autoridades comunitarias le informaron que debía regresar el doble del dinero que pagaron por ella -$210 mil pesos- para poder recuperar su libertad. La tía de la joven fue liberada pero ella y sus hermanas permanecieron encarceladas durante once días.
Al saber lo que estaba ocurriendo, Concepción, la madre de las menores decidió realizar una denuncia y posteriormente fue a visitar a sus hijas para llevarles comida, pero una vez en la comisaría, la mujer discutió con las autoridades y estos la golpearon de tal manera que le provocaron un aborto (esperaba trillizos).
De acuerdo con información de El Universal, el caso de Concepción y sus hijas llegó a manos de funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, quienes se trasladaron a la comunidad de Dos Ríos para exigir la liberación de las cuatro menores de edad.
Finalmente los integrantes de la comisión informaron que Angélica y sus hermanas se encuentran bajo resguardo de las autoridades y lejos de las personas que las agredieron.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales condenaron a las autoridades locales por permitir que casos como este sigan ocurriendo.
